Los afectados por la medida empresarial
pidieron al Tribunal Constitucional (TC) manifestarse al respecto. Los
perjudicados que no tienen seguro médico por las cancelaciones, también abarcan
a Ayuntamientos y Distritos Municipales.
Los ex empleados del Estado
aseguran que las ARS están violando la Ley de la Seguridad Social y la
Constitución de la República, respecto al derecho que tienen los ciudadanos a
recibir el servicio de salud, tanto del sector oficial como del privado.
Informaron que lo mismo está
ocurriendo con empleados cancelados del sector privado, que tienen las mismas
condiciones.
Los ex servidores públicos manifestaron que no
están pidiendo la donación del seguro médico, sino que se les permita seguir
pagando el servicio que estaban recibiendo en los centros de salud privados,
cuando pertenecían a organismos del Estado.
Afirmaron que hay de los ex empleados
cancelados que estaban en Aseguradoras, de las que hoy se niegan a
regularizarse su seguro médico, desde muy antes de existir el Sistema de la
Seguridad Social, pero son rechazos
porque ya tienen más de 64 años, están
enfermos o algunos de sus dependientes.
Varios de los demandantes precisaron que las
Aseguradoras se pasaron decenas de años recibiendo dinero por concepto del
seguro institucional, cuando eran más jóvenes, pero ahora, que es cuando ellos
más necesitan el seguro médico privado, se niegan a regularizarles el servicio.
Dicen que están cancelados del Estado y sin el seguro médico privado que ellos
quieren seguir pagando.
Favorecen que el Estado saque del Sistema de
la Seguridad Social a esas empresas violadoras de la Ley y Constitución,
creando otro mecanismo que acoja a todos los ciudadanos sin importar sus
condiciones.
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