Articulo de Opinión por Wendy Carrasco
En días recientes circuló en redes sociales un video que debería llamarnos a una reflexión seria y urgente: varios niños permanecían fuera de su centro educativo porque llegaron tarde, apenas diez minutos después de la hora establecida. Más allá de la tardanza, la imagen deja una pregunta inquietante: ¿Qué pasa con un estudiante cuando la escuela le cierra la puerta?
No se trata de justificar la impuntualidad ni de restar valor a la disciplina. La puntualidad es un principio formativo esencial. Sin embargo, ninguna medida disciplinaria puede colocarse por encima de la seguridad y la integridad de un niño, niña o adolescente.
Cuando un estudiante sale de su casa con destino a la escuela, entra en una franja de responsabilidad compartida entre la familia y el sistema educativo. Dejarlo fuera del centro, sin alternativas ni supervisión, lo expone a riesgos reales: accidentes, violencia o situaciones que podrían marcar su vida para siempre.
Este principio no es solo ético, también es legal. La Ley 136-03, que protege los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, establece como eje rector el interés superior del niño, obligando a todas las instituciones —incluidos los centros educativos a garantizar su protección integral.
Asimismo, la Ley General de Educación 66-97 consagra el derecho a la educación y la permanencia en el sistema educativo, lo que implica que ninguna medida disciplinaria puede traducirse en exclusión o desprotección.
En esa misma línea, las Normas del Sistema Educativo Dominicano para la Convivencia Armoniosa, aprobadas mediante la Ordenanza 05-2023 del MINERD, establecen que las acciones disciplinarias deben ser formativas, proporcionales y respetuosas de la dignidad del estudiante, promoviendo su permanencia en el centro y evitando prácticas que vulneren sus derechos.
El incumplimiento de estas disposiciones no solo constituye una falta administrativa, sino que podría derivar en responsabilidades jurídicas si un estudiante resulta afectado tras ser dejado fuera del plantel escolar.
La solución no está en cerrar puertas, sino en abrir espacios de diálogo y corresponsabilidad entre los centros educativos, las Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de las Escuelas (APMAE), las familias, los equipos de gestión y los propios estudiantes. Existen múltiples estrategias pedagógicas para manejar las tardanzas sin exponer a nadie al peligro.
Educar también es proteger. Y una escuela que protege, enseña más que cualquier castigo.
Cerrar una puerta puede parecer un acto de disciplina.
Pero, en ciertos contextos, puede abrir la puerta a una tragedia.
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