Santo Domingo.-Colegio de Abogados denuncia la complicidad del Gobierno Central, del Ministerio de Trabajo, Militares y empresarios en la sustitución masiva de mano de obra local, por mano de obra de Haitianos indocumentados en los sectores agrícolas y de la construcción, traídos en la actividad criminal de trafico ilegal de migrantes sancionado hasta con 20 años de cárcel por la propia ley Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, todo para favorecer a empresarios que emplean hasta el 80% de mano de obra indocumentada, bajo la pasiva cómplice de las autoridades de la Dirección General de Migración, del Ministerio de Trabajo y del propio Departamento de Trabajo.
Surun Hernández recordó que el artículo 135 de la Ley 16-92; y los artículos 135, 144, 423.8, 424, 433, 434 del Código de Trabajo; Así como los artículos 69, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 121.1 de la Ley 285-04 de Migración prohíben y sanciona no solo contratación de extranjeros indocumentados, sino que castiga con penas de cárcel beneficiarse del crimen de trafico de personas, como es el caso de las empresas agrícolas y de la construcción que se dedican a dicha practica en perjuicio de la mano de obra local, bajo la sombrilla de las autoridades civiles y militares en beneficio de los seco lo cual podría generar que el País sean sancionado tal y como lo consagra;
Hemos emplazado legalmente al Ministerio de Trabajo y a la Direccion General de Migración PROCEDER al sometimiento de los empleadores, empresas de la construcción, empresas del sector agrícola, empresas del sector turismo, empresas de zona franca y todas aquellas entidades y personas físicas y jurídicas, beneficiarias finales del crimen del tráfico ilícito de personas; disponiendo la ampliación del programa de deportación de todos los extranjeros residentes ilegales en nuestros País, bajo la adevertencia de que se procederá a su formal sometimiento a la Justicia en Amparo de Cumplimiento contemplado en la Ley 137-11.
Deplora intención del Gobierno de continuar con el malogrado Proyecto de Ley de Trata de Personas y Trafico Ilicito de Migrantes.
Surun Hernandez consideró como catastrófico que el gobierno a pretenda tartar de someter nuevas el Proyecto de Ley de Trata de Personas y Trafico Ilicito de Migrantes, pues no solo ya existe la ley 137-03 Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas cuyas penas son de 20 años para los involucrados, sino que ya hay una sociedad que rechaza cualquier tentativa de destruccion de la identidad Nacional mediante la prohibicion por ley de el derecho soberano del Estado Dominicano a la deportacion, y consagre la legalizacion y regulacion generalizada de los mas de 2 millones de indocumentados Hatianos, cuyo costo de soporte y mantemiento se quiere cargar a los Dominicanos, mediante una impuesto, disgrazado de contribucion, por lo que advirtio que el Colegio de Abogados enfrentara dicho desproposito.
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